EL GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

Soy profesor de la Universidad de Chile y el año 2009 apoyé las demandas de los alumnos que se tomaron la Escuela de Derecho. Me pareció entonces que ese movimiento estudiantil anticipaba un malestar que quizás resurgiría más tarde con fuerza. Estoy convencido que la Universidad de Chile y, por extensión, toda universidad estatal, necesita imperiosamente de cambios muy de fondo. También creo que para realizarlos hacen falta decisiones políticas de gran vuelo, las que no se adoptan, por lo general, si en la pantalla de las autoridades no se enciende una luz de emergencia.

El gobierno de las universidades estatales parece, superficialmente, democrático, pero no lo es, porque la soberanía de una institución nacional reside en un grupo corporativo: el de los académicos. Desde luego, no propicio ampliar esta situación expandiendo tal gobierno gremial a estudiantes y funcionarios, aunque ellos pueden participar en otras instancias. Favorezco, en cambio, que las universidades estatales estén regidas por un Consejo integrado por personas de alta calidad personal, representativas y capaces, las que serían nominadas y designadas, eso sí, por procedimientos democráticos; por ejemplo, amplia consulta social para elaborar una lista de postulantes de la que elija el Congreso Nacional. Un Consejo así formado, debería organizar un concurso transparente y amplio para seleccionar un rector. (No tengo aún opinión formada sobre cómo deberían elegirse los decanos y otras autoridades). Además, es preciso introducir muchos otros cambios que doten a las universidades públicas de mayor autonomía y flexibilidad.

En el pasado he escuchado tres objeciones a esta idea, aparte de la noción equívoca de que no sería una fórmula democrática, a lo que ya me he referido. La primera es que este sería un modelo de gobierno propio de universidades de los Estados Unidos. Pienso que da lo mismo si es importado de la luna; lo importante es que funcione. El segundo reparo es que el proceso de selección de un Consejo así, se politizaría. Es posible, pero Chile ha demostrado que sobre temas de trascendencia puede crear instituciones autónomas (comisiones de verdad o contra la corrupción, Alta Dirección Pública, Consejo de Transparencia, Banco Central) de composición “transversal” en las que sus miembros han llegado a decisiones unánimes, anteponiendo el interés general a sus preferencias personales. La tercera objeción apunta a que las mejores universidades de Europa se formaron y prosperaron como comunidades soberanas de académicos. No lo niego, pero los tiempos cambian y Chile tiene sus propias características.

Dada la condición humana, el sistema actual de gobierno universitario estatal tiende a que la mayoría de los académicos siga la ley del mínimo esfuerzo, aunque siempre haya una valiosa minoría que aspira a la excelencia que le impone su moral personal.

Las reformas que requiere la educación chilena abarcan muchos puntos. Si se deja pasar este momento para enfrentar todos ellos, incluido el del gobierno de las universidades estatales, costará mucho que haya otra oportunidad en el futuro previsible.